pas-pas
02/12/2008, 12:45
El Gobierno considera que el empleo de antirradares para evitar controles de velocidad es una infracción «muy grave» y plantea en su borrador sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros de multa. Con ello se pretende agilizar el sistema de notificaciones y cobro de sanciones.
Los motoristas y conductores que circulan con sistemas antirradar para evitar los controles de velocidad que hace la Dirección General de Tráfico (DGT) se enfrentarán a multas de entre 3.000 y 30.000 euros si salen adelante las propuestas que ha incluido el Gobierno en su Proyecto de Ley para la reforma del Procedimiento Sancionador en seguridad vial.
Aunque tanto Tráfico como el Ministerio del Interior se han resistido siempre a comentar las prácticas de los conductores para evitar ser sancionados, la nueva reforma los sitúa en el punto de mira. El régimen sancionador previsto en el borrador del texto considera el uso de estos dispositivos una infracción muy grave, incluida en un capítulo especial y comparable a incumplir normas básicas de autorización y funcionamiento en autoescuelas o la realización de obras en la vía sin autorización y sin señalizar. La sanción por las infracciones recogidas en esta categoría oscilará entre 3.000 y 30.000 euros.
Control radar
Autoescuelas y constructoras podrán perder además su autorización por un año. En el caso de los conductores, su vehículo podrá ser inmovilizado y trasladado al lugar que decidan los agentes hasta que se certifique que los sistemas antirradar han sido retirados.
La reforma del Procedimiento Sancionador será remitida por el Consejo de Ministros a las Cortes, según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien además subrayó el hecho de que las cuantías de las multas serán «proporcionadas al peligro potencial creado por el conductor». Toda la reforma está basada en el objetivo de agilizar el sistema de notificaciones y cobro de sanciones, como informó ayer EL MUNDO.
Así, en los excesos de velocidad, se fijan las cuantías de las multas en 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, pero éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al «peligro potencial creado». Si el conductor reconoce su infracción y rechaza la posibilidad de recurrir la multa, tendrá un descuento del 40% por prontopago.
Sin embargo, uno de los platos fuertes de la reforma que se ha planteado en los borradores elaborados por el Gobierno se quedó fuera del anuncio realizado ayer tras el Consejo de Ministros.
Como refuerzo al procedimiento y al régimen sancionador, la reforma podría establecer «garantías de seguridad vial», una batería de medidas equiparables a las cautelares que imponen los juzgados. Estas garantías se dividen en tres grandes grupos: inmovilización del vehículo, retirada y depósito y, finalmente, tratamiento residual.
Entre los posibles supuestos que llevarían a este desenlace, destaca el de ser sorprendido al cometer una infracción debiendo aún el pago a la Administración de dos sanciones firmes graves. Si el denunciado continúa negándose a abonar las multas pendientes y la permanencia del vehículo resulta «problemática», Tráfico estará autorizado a retirar el vehículo y achatarrarlo.
Control de radar
Recelo entre los automovilistas
Las asociaciones de conductores advirtieron ayer de que la reforma del Procedimiento Sancionador puede «mermar» las garantías de las que disponen para recurrir las multas impuestas por Tráfico, y cuestionaron que el proyecto cumpla «escrupulosamente» con la Ley de Protección de Datos.
En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, se mostró convencido de que el propósito del proyecto no es «un aumento de las garantías de los conductores», sino «aumentar la recaudación».
Asimismo, acusó al Gobierno de ofrecer a los conductores un «caramelito», con la reducción del 40% de la sanción por prontopago propuesto en el proyecto, para que no se recurran las sanciones «aunque no se haya cometido la infracción».
Por su parte, el coordinador de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Antonio Lucas, afirmó que el Gobierno deberá ser escrupuloso en las garantías que tienen los ciudadanos a la hora de reclamar. «Es muy importante el que los usuarios tengan esa capacidad y que puedan ejercer su derecho de defensa», insistió.
Fuente: Elmundo.es ([Only registered and activated users can see links])
Los motoristas y conductores que circulan con sistemas antirradar para evitar los controles de velocidad que hace la Dirección General de Tráfico (DGT) se enfrentarán a multas de entre 3.000 y 30.000 euros si salen adelante las propuestas que ha incluido el Gobierno en su Proyecto de Ley para la reforma del Procedimiento Sancionador en seguridad vial.
Aunque tanto Tráfico como el Ministerio del Interior se han resistido siempre a comentar las prácticas de los conductores para evitar ser sancionados, la nueva reforma los sitúa en el punto de mira. El régimen sancionador previsto en el borrador del texto considera el uso de estos dispositivos una infracción muy grave, incluida en un capítulo especial y comparable a incumplir normas básicas de autorización y funcionamiento en autoescuelas o la realización de obras en la vía sin autorización y sin señalizar. La sanción por las infracciones recogidas en esta categoría oscilará entre 3.000 y 30.000 euros.
Control radar
Autoescuelas y constructoras podrán perder además su autorización por un año. En el caso de los conductores, su vehículo podrá ser inmovilizado y trasladado al lugar que decidan los agentes hasta que se certifique que los sistemas antirradar han sido retirados.
La reforma del Procedimiento Sancionador será remitida por el Consejo de Ministros a las Cortes, según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien además subrayó el hecho de que las cuantías de las multas serán «proporcionadas al peligro potencial creado por el conductor». Toda la reforma está basada en el objetivo de agilizar el sistema de notificaciones y cobro de sanciones, como informó ayer EL MUNDO.
Así, en los excesos de velocidad, se fijan las cuantías de las multas en 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, pero éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al «peligro potencial creado». Si el conductor reconoce su infracción y rechaza la posibilidad de recurrir la multa, tendrá un descuento del 40% por prontopago.
Sin embargo, uno de los platos fuertes de la reforma que se ha planteado en los borradores elaborados por el Gobierno se quedó fuera del anuncio realizado ayer tras el Consejo de Ministros.
Como refuerzo al procedimiento y al régimen sancionador, la reforma podría establecer «garantías de seguridad vial», una batería de medidas equiparables a las cautelares que imponen los juzgados. Estas garantías se dividen en tres grandes grupos: inmovilización del vehículo, retirada y depósito y, finalmente, tratamiento residual.
Entre los posibles supuestos que llevarían a este desenlace, destaca el de ser sorprendido al cometer una infracción debiendo aún el pago a la Administración de dos sanciones firmes graves. Si el denunciado continúa negándose a abonar las multas pendientes y la permanencia del vehículo resulta «problemática», Tráfico estará autorizado a retirar el vehículo y achatarrarlo.
Control de radar
Recelo entre los automovilistas
Las asociaciones de conductores advirtieron ayer de que la reforma del Procedimiento Sancionador puede «mermar» las garantías de las que disponen para recurrir las multas impuestas por Tráfico, y cuestionaron que el proyecto cumpla «escrupulosamente» con la Ley de Protección de Datos.
En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, se mostró convencido de que el propósito del proyecto no es «un aumento de las garantías de los conductores», sino «aumentar la recaudación».
Asimismo, acusó al Gobierno de ofrecer a los conductores un «caramelito», con la reducción del 40% de la sanción por prontopago propuesto en el proyecto, para que no se recurran las sanciones «aunque no se haya cometido la infracción».
Por su parte, el coordinador de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Antonio Lucas, afirmó que el Gobierno deberá ser escrupuloso en las garantías que tienen los ciudadanos a la hora de reclamar. «Es muy importante el que los usuarios tengan esa capacidad y que puedan ejercer su derecho de defensa», insistió.
Fuente: Elmundo.es ([Only registered and activated users can see links])